Una sentencia de la Audiencia Nacional obligará al Ministerio del Interior a renegociar algunas de las cláusulas incluidas en el supuesto acuerdo de equiparación salarial suscrito en 2018 por las entonces asociaciones representativas de los integrantes de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior, en aquel momento encabezado por Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular, sustituido un año después por el actual titular del cargo, Fernando Grande-Marlaska, del PSOE.

Aquel acuerdo fue negociado por el Ministerio del Interior con las asociaciones profesionales representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y al mismo se adhirieron otras asociaciones profesionales. En aquel momento JUCIL no era asociación representativa y entendió que el acuerdo no reunía los requisitos para ser firmado. Se limitaba a aparentar un contenido vinculante que no era tal, en el sentido que precisamente ahora indica y confirma la sentencia.

Sin competencias para cumplir con lo comprometido

Porque el fallo judicial, lo que dice es que efectivamente el Ministerio del Interior ha incumplido y ha mostrado inactividad en lo referente a la puesta en práctica de algunas de las cláusulas del acuerdo, como la relativa a la puesta en marcha de una partida de 100 millones de euros para el regreso a la actividad de compañeros en la reserva. Pero también aclara que el Ministerio del Interior no tiene competencias para cumplir lo que se dice en ellas y se comprometió. Por eso no le obliga a cumplirlo, sino a “renegociar”.

Así, la sentencia aclara que cuando un acuerdo hace referencia a materias que deben regirse a través de una ley, como es la de Presupuestos Generales del Estado, la competencia para su aplicación le corresponde al Parlamento a propuesta del Gobierno.

Lo que sí regula  la sentencia

Lo que sí que se ordena al Ministerio en la sentencia es simplemente que debe sentarse a “renegociar” con las asociaciones profesionales para el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava.

Unas negociaciones a las que asistiremos, al tener JUCIL ahora la condición de asociación representativa. Sin embargo, en relación a estas negociaciones, el fallo del tribunal ha dejado muy claro, desgraciadamente, las limitaciones del Ministerio del Interior para el cumplimiento de dichos compromisos, y además la inexigibilidad de que lo haga. ¿Y ello siempre que la sentencia no sea recurrida por el Ministerio del Interior! (como es probable) ante la Audiencia Nacional, porque en tal caso lo normal es que no exista ejecución provisional de sentencia y pasen varios años hasta que el fallo definitivo de la Justicia sea ejecutable.

Nuestro compromiso con los asociados y con el resto de guardias civiles

En cualquier caso, desde JUCIL procederemos a revisar las acciones planteadas a fin de evitar retrasar o interferir la posible renegociación, en la que, como siempre, procederemos a defender los intereses de los guardias civiles como venimos haciendo siempre, ante la DGCC y el Ministerio, en los juzgados y mediante las movilizaciones, pero siempre conscientes de la realidad y sin ser partícipes de actuaciones mediáticas que admiten su incumplimiento, generando falsas esperanzas.