Madrid, 13 de agosto de 2026. La asociación profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) denuncia lo que considera una estrategia pausada pero constante de desmantelamiento y vaciado de competencias del Benemérito Cuerpo en Cataluña. Tras el análisis de la respuesta oficial remitida por la Dirección Adjunta Operativa a instancias de la propia organización, que había solicitado explicaciones por lo que consideraba un desmantelamiento encubierto, JUCIL sostiene que el Ministerio del Interior utiliza un lenguaje burocrático, trufado de eufemismos como “optimización de recursos” y “reorganización de unidades”, para enmascarar la pérdida real de presencia, capacidad operativa y arraigo territorial en la comunidad autónoma.

El recorte resulta especialmente sangrante en la protección del medio ambiente, en un contexto de extrema vulnerabilidad ambiental y en un momento crítico en el que toda España sufre una oleada devastadora de incendios forestales. Solo en lo que va de 2026, Cataluña acumula ya más de 4.500 hectáreas arrasadas por el fuego, consolidando la tendencia crítica de un año 2025 que cerró con miles de hectáreas calcinadas en el peor balance de la última década en la comunidad autónoma. Pese a esta preocupante realidad, el documento oficial admite la previsión de cerrar las patrullas del SEPRONA en municipios como Puigcerdà, Ponts y La Pobla de Segur, en Lleida, además de la de Falset, en Tarragona. Cabe destacar que la reclamación para evitar el repliegue del SEPRONA y garantizar la permanencia de la Guardia Civil en la región no es exclusiva de JUCIL; incluso diversos políticos e instituciones del ámbito independentista catalán en la comarca de la Cerdanya han solicitado abiertamente mantener esta cobertura de la Benemérita ante el valor indispensable del servicio en el territorio. 

Para la asociación, pretender justificar estos cierres bajo el compromiso de mantener el número provincial de especialistas demuestra un absoluto desconocimiento de la realidad del campo. En la lucha contra los incendios y los delitos medioambientales no se puede dejar desasistida ni la más mínima porción de terreno, y concentrar a los agentes en las capitales equivale a vaciar la presencia de la Guardia Civil en las zonas rurales y de montaña, donde la prevención y la rapidez de respuesta resultan vitales.

A esta desprotección del entorno natural se suma la supresión definitiva de otras unidades de alta especialización, como los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) / Unidad de Actividades Subacuáticas (UAS) de L’Estartit y el grupo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de Tarragona. JUCIL rechaza la excusa de integrar estas demarcaciones en otros núcleos para “homogeneizar capacidades”, alertando de que se trata de un repliegue en toda regla que deja descubiertas zonas estratégicas del litoral y reduce la inmediatez ante emergencias complejas. De igual manera a como ocurrió ya en 2025 con el presidente de la comarca de la Cerdanya, desde el ámbito municipal también se ha mostrado un firme rechazo a la supresión del GEAS de L’Estartit. El alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, remitió una carta a la directora general de la Guardia Civil solicitando que se paralizara el cierre de la unidad y se mantuviera su presencia en la Costa Brava, ante la importancia estratégica que desempeña en una zona con una elevada actividad náutica y subacuática. Esta preocupación ha sido compartida por otros ayuntamientos del litoral gerundense, que consideran que la desaparición de la base supone una pérdida de capacidad operativa y de proximidad en una de las zonas con mayor actividad de buceo de Cataluña.

El GEAS de L’Estartit, operativo desde 1998, no solo participa en rescates y búsquedas de personas, sino también en labores de prevención, vigilancia del medio marino, protección del patrimonio subacuático y lucha contra actividades ilícitas como el furtivismo. La importancia de mantener esta unidad quedó nuevamente de manifiesto recientemente, durante la búsqueda del menor desaparecido en la bahía de Roses en junio de 2026, en la que participaron efectivos de los GEAS de L’Estartit y Barcelona.

La decisión de centralizar estos efectivos en Barcelona ha generado preocupación entre los municipios de la zona por el posible incremento de los tiempos de respuesta ante una emergencia en puntos del litoral como las Illes Medes, el Cap de Creus o el Baix Empordà. Es una preocupación especialmente relevante en una zona que concentra una importante actividad turística, náutica y subacuática, con numerosos clubes y centros de buceo y una elevada afluencia de visitantes durante buena parte del año.

Desde JUCIL se considera que la supresión de una unidad especializada con casi tres décadas de presencia en la Costa Brava supone una pérdida de capacidad operativa y de proximidad difícilmente compatible con las necesidades de seguridad de este litoral. La respuesta ante una emergencia en el medio acuático requiere medios especializados y una ubicación estratégica que permita actuar con la máxima rapidez, por lo que la asociación reclama que se reconsidere el cierre del GEAS de L’Estartit y se garantice el mantenimiento de este servicio en la provincia de Girona.

Igualmente alarmante resulta para la organización que el Estado Mayor reconozca no tener constancia formal de que las actas de las Juntas de Seguridad entre el Ministerio del Interior y la Generalitat de Cataluña sean remitidas oficialmente a la Dirección General de la Guardia Civil. A juicio de JUCIL, esta opacidad evidencia una preocupante falta de consideración hacia la escala técnica del cuerpo en las decisiones políticas que determinan el futuro de la seguridad pública en el territorio. Esta falta de transparencia es generalizada y se extiende a la negativa sistemática del Ministerio a facilitar datos concretos y pormenorizados sobre las cifras reales del catálogo de puestos y su grado de ocupación efectiva en el territorio catalán.

JUCIL concluye advirtiendo que no tolerará el desamparo de los guardias civiles destinados en Cataluña ni la merma sistemática de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Aunque la administración intente calmar los ánimos afirmando que “no consta” el traspaso de competencias en puertos y aeropuertos a los Mossos d’Esquadra, la asociación cuestiona severamente este desconocimiento oficial. Cada vez cobra más fuerza y resonancia que la cesión de estas competencias clave comenzará a ejecutarse el próximo mes de noviembre. Por todo ello, la asociación promete mantenerse vigilante y combatir con rotundidad el goteo incesante de cierres y la paulatina expulsión de la Guardia Civil de la comunidad autónoma.