Madrid, 22 de agosto de 2026. JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, urge al Gobierno a tomar medidas ya contra el narcotráfico en Andalucía, después de la reciente operación desarrollada en aguas de Huelva, en la que los ocupantes de una narcolancha abrieron fuego contra una patrullera del Servicio Marítimo durante una persecución.

La actuación conjunta de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera ha permitido detener a diez integrantes de una organización criminal, intervenir dos narcolanchas y aprehender 5.926 kilogramos de hachís.

El resultado operativo demuestra, una vez más, la profesionalidad, preparación y valentía de los guardias civiles, que continuaron cumpliendo con su deber después de sufrir una agresión armada y de que una avería impidiera a su embarcación continuar inicialmente la persecución.

Para JUCIL, estos hechos confirman que el narcotráfico ha elevado su capacidad operativa y su nivel de violencia. Ya no estamos únicamente ante intentos de huida. Las organizaciones criminales utilizan embarcaciones de gran potencia, realizando maniobras capaces de causar la muerte y emplean armas de fuego contra los agentes.

Lo sucedido no puede presentarse solamente como el éxito de una operación policial. Antes de producirse las detenciones, varios guardias civiles tuvieron que afrontar una situación extrema en la que sus vidas estuvieron directamente amenazadas. Que en esta ocasión no haya guardias civiles muertos o heridos no reduce la gravedad del ataque ni puede servir para normalizar estos episodios.

JUCIL recuerda que el pasado mes de mayo dos guardias civiles fueron asesinados durante una persecución contra el narcotráfico en aguas de Huelva, después de una colisión múltiple. Otros dos agentes resultaron heridos.

Tras aquella tragedia advertimos públicamente de que, si no se modificara la dinámica operativa y no se reforzaban las plantillas y los medios disponibles, volveríamos a sufrir una desgracia.

El ataque a tiros conocido ahora demuestra que aquella advertencia estaba plenamente justificada. Los guardias civiles continúan enfrentándose a organizaciones cada vez más violentas y mejor equipadas, mientras el Ministerio del Interior sigue sin ofrecer una respuesta proporcional a la amenaza.

No aceptaremos que haya que esperar a que mueran más compañeros para adoptar las medidas que JUCIL lleva reclamando desde hace años.

JUCIL reclama que se vuelva a crear el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico de Andalucía, OCON-SUR, dotándolo de una estructura estable, personal suficiente, medios propios y capacidad real para coordinar las investigaciones y operaciones contra las grandes organizaciones criminales.

La decisión de desmantelar esta unidad especializada debilitó la capacidad operativa de la Guardia Civil precisamente cuando el narcotráfico estaba extendiendo su actividad y aumentando su violencia desde el Campo de Gibraltar hacia las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Sevilla y el resto del territorio nacional.

La recuperación del OCON-SUR no puede demorarse más ni sustituirse por soluciones temporales o anuncios sin contenido operativo. Es necesaria una unidad permanente, especializada y con los recursos suficientes para combatir unas redes criminales que disponen de embarcaciones, armas, tecnología, infraestructura logística y enormes recursos económicos.

Junto a ello, también urge a que Huelva sea declarada, sin más dilaciones, Zona de Especial Singularidad.

Esta declaración debe traducirse en incentivos económicos y profesionales, preferencia y puntuación específica para la provisión de destinos, medidas de conciliación, apoyo a las familias, permanencia de las plantillas y cobertura urgente de las vacantes.

La presión del narcotráfico, el riesgo asumido por los agentes, la reiteración de ataques armados y las dificultades para mantener plantillas estables justifican sobradamente esta medida.

El Gobierno no puede continuar aplazando una decisión necesaria mientras los guardias civiles y sus familias soportan las consecuencias de prestar servicio en una de las zonas con mayor presión criminal de España.

Medidas solicitadas por JUCIL:

• La recuperación inmediata del OCON-SUR como unidad permanente, especializada y suficientemente dotada.

•  La declaración de Huelva como Zona de Especial Singularidad, con efectos económicos, profesionales, familiares y de protección social efectivos.

•  El refuerzo inmediato y permanente de las plantillas destinadas en Huelva y en el resto de las provincias afectadas por las rutas del narcotráfico.

•  La incorporación de patrulleras modernas, suficientemente potentes y adaptadas para enfrentarse con seguridad a las embarcaciones utilizadas por estas organizaciones.

•  La revisión urgente del mantenimiento y de la disponibilidad operativa de todos los medios marítimos.

•  La dotación de protección balística, armamento, comunicaciones y material de intervención adecuados al nivel real de amenaza.

• El fortalecimiento de los servicios de información, investigación y vigilancia costera, incluido el mantenimiento y modernización del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior.

•  La implantación de protocolos específicos frente a ataques armados y embestidas con narcolanchas, acompañados de formación y entrenamiento continuos.

• ● Una respuesta penal y judicial contundente frente a quienes disparen, embistan o pongan deliberadamente en peligro la vida de los agentes.

• ● El reconocimiento de la profesión de guardia civil como profesión de riesgo, con las correspondientes consecuencias laborales, retributivas y de protección social.

Ocho años después seguimos sin una equiparación salarial real

JUCIL denuncia además que, ocho años después del acuerdo de 2018, los guardias civiles y los policías nacionales seguimos sin alcanzar una equiparación salarial plena, real y verificable con los cuerpos policiales autonómicos.

Esta situación constituye una afrenta y una nueva muestra del desprecio de este Gobierno hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Guardia Civil y la Policía Nacional son los verdaderos garantes del Estado de derecho, de la convivencia democrática y de la seguridad de todos los españoles. Sin embargo, quienes asumen los mayores riesgos, combaten el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado y garantizan la seguridad en todo el territorio nacional siguen recibiendo un trato salarial y profesional injustamente desigual.

No se puede elogiar públicamente a los agentes después de cada operación o tragedia mientras se les niega en los despachos la equiparación salarial, los medios, el personal y el reconocimiento profesional que merecen.

JUCIL advierte de que no aceptará que el Gobierno siga reaccionando únicamente después de cada ataque. La protección de los guardias civiles no puede depender de su pericia, de su valentía ni de la suerte. Corresponde al Ministerio del Interior anticiparse a la amenaza y proporcionar los recursos necesarios para afrontar organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor equipadas.

La lucha contra el narcotráfico exige determinación política, inversión y planificación permanente. Los guardias civiles han vuelto a cumplir con su obligación.