• La asociación profesional advierte de que el carácter irreversible de esta herramienta no puede poner en peligro documentación clave o pruebas con valor judicial, probatorio o investigativo. • Solicita la aprobación de una normativa interna clara antes de su puesta en marcha para evitar la destrucción indeseada de datos en causas abiertas como tramas de corrupción o la crisis de Ceuta.
Madrid, 10 de septiembre de 2026. JUCIL, la asociación profesional de la Benemérita más combativa, ha registrado una solicitud urgente ante la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) para exigir explicaciones y garantías de control ante la futura implantación de un software de borrado seguro en los equipos informáticos corporativos del Instituto Armado.
Tras conocerse la tramitación de este expediente promovido por el Servicio de Informática de la Guardia Civil, JUCIL ha manifestado su preocupación respecto al alcance de este sistema. La herramienta, según informaciones publicadas, permitirá la eliminación irreversible de archivos, carpetas y espacio libre mediante sobreescritura, emitiendo un certificado digital de cada operación.
Aunque la asociación reconoce que el borrado de soportes es necesario para cumplir con normativas de protección de datos y el Esquema Nacional de Seguridad, subraya la gravedad de sus consecuencias si no se aplican las salvaguardas adecuadas. Tal y como recalca el secretario general de JUCIL, Ángel Ignacio Lezcano, en el escrito: «El carácter irreversible de las operaciones previstas hace imprescindible garantizar que la herramienta no pueda afectar a documentación o información con valor operativo, administrativo, disciplinario, probatorio, histórico o judicial, ni a datos cuya conservación resulte obligatoria».
Desde JUCIL alertan de que la pérdida irrecuperable de información digital podría comprometer gravemente procedimientos judiciales y penales en curso, así como investigaciones internas o requerimientos de los tribunales y de la Fiscalía. La asociación remarca la importancia de blindar cualquier evidencia vinculada a macrocausas y expedientes de relevancia mediática y penal, tales como las investigaciones sobre tramas de corrupción que afectan a estamentos públicos o las diligencias en marcha relacionadas con la crisis migratoria de Ceuta.
Peticiones clave a la Dirección General
En su solicitud, la asociación profesional formula un requerimiento detallado con varias peticiones principales a la Dirección General:
- Transparencia en el expediente. Confirmar la existencia de la licitación y facilitar los detalles de alcance, presupuesto, duración y calendario de implantación.
- Mecanismos de bloqueo legal. Precisar qué protocolos impedirán que el software pueda eliminar documentación crítica vinculada a procesos judiciales, expedientes disciplinarios, informaciones reservadas o requerimientos de órganos de control.
- Trazabilidad y auditoría. Informar sobre qué autoridades estarán autorizadas para ejecutar los borrados, bajo qué sistema de doble autorización, y qué órganos (incluyendo autoridades judiciales) podrán auditar los registros de borrado.
- Normativa previa garantista. Exigir que, antes de activar la herramienta a nivel general, se apruebe una normativa interna que asegure la legalidad, proporcionalidad, necesidad y trazabilidad de cada operación de eliminación de datos.
JUCIL concluye incidiendo en que la protección de datos no puede servir de pretexto para desproteger la cadena de custodia ni mermar la transparencia en las investigaciones operativas y judiciales de la Guardia Civil.
