• La asociación profesional denuncia que la costa de Cartagena se ha transformado en un "coladero" por la falta de medios reales y la escalada de violencia de las mafias organizadas. • Afean al delegado del Gobierno el engaño de los "refuerzos anunciados": se limitan a "desvestir un santo para vestir a otro" desplazando embarcaciones de otras regiones que dejan desprotegidas a estas. • Servicios nocturnos bajo mínimos y demarcaciones inmensas: la semana pasada dos guardias civiles salieron ilesos milagrosamente tras sufrir la embestida de delincuentes, mientras el apoyo patrullero tardaba por falta de personal.
Murcia, 6 de octubre de 2026. JUCIL, la asociación profesional de la Guardia Civil más combativa, alza la voz con dureza ante el alarmante e incesante deterioro de la seguridad en el litoral de la Región de Murcia. Los guardias civiles han denunciado que, lejos de ser una situación controlada, la costa de Cartagena y sus inmediaciones se están convirtiendo en la «nueva costa andaluza» para las organizaciones criminales, dedicadas tanto al tráfico de drogas como al de seres humanos a través de «taxi-pateras» y embarcaciones clandestinas.
Desde JUCIL tachan de «ficción institucional» y hace unas semanas desmintieron las declaraciones del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, quien aseguraba que la Guardia Civil dispone en la región de medios suficientes para combatir la inmigración ilegal y la inseguridad ciudadana. «Los compañeros en el terreno se sienten profundamente abandonados y desbordados. La realidad diaria es la de una costa convertida en un auténtico coladero donde los anunciados refuerzos no se notan en absoluto», señalan.
Falta de inversión: “parches y remiendos”
JUCIL critica con especial dureza la gestión de la flota marítima. En lugar de adquirir e invertir en nuevas embarcaciones y vehículos adaptados a la agresividad de las mafias, el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno se han dedicado a «mover piezas del tablero de forma improvisada».
El traslado de patrulleras procedentes de otras regiones, como Cádiz -e incluso Barcelona durante un par de semanas este pasado verano-, así como la reparación a toda prisa de embarcaciones como la S-40 —tras dejar a la región con la mitad de su flota averiada en pleno agosto—, solo responde a una política de parches. «Este verano, han desplazado medios de Cádiz y Cataluña, donde son de vital necesidad, dejando un hueco enorme en el dispositivo de seguridad de sus respectivas regiones para tapar el agujero en Murcia, en lugar de dotarnos de recursos propios y permanentes de última generación», denuncian los agentes a través de la asociación.
Escalada de violencia y patrullas nocturnas bajo mínimos
A la llegada masiva e ininterrumpida de embarcaciones —como los últimos episodios en Cala Reona y desembarcos constantes que continúan acumulándose— se suma una preocupante escalada de violencia por parte de las organizaciones mafiosas.
Prueba de esta amenaza fue el grave episodio registrado la pasada semana, cuando dos guardias civiles salieron milagrosamente ilesos tras sufrir la embestida directa de los delincuentes. En aquel momento, la solicitud de apoyo inmediato a otras patrullas fue imposible de atender a tiempo por la acuciante falta de personal. Los escasos efectivos disponibles se encontraban atendiendo otros cometidos urgentes en el extremo opuesto de la demarcación, incluyendo la custodia de una víctima de violencia de género catalogada de «riesgo extremo».
«Hablamos de demarcaciones territoriales inmensas que durante las noches quedan cubiertas con insuficiencia de patrullas. Es una temeridad tanto para la seguridad de los ciudadanos como para la integridad física de los propios agentes», recalcan desde JUCIL.
Riesgo para la seguridad ciudadana
Los guardias civiles alertan de que esta saturación operativa genera un colapso en cadena. Salvo en el caso de los menores no acompañados, la inmensa mayoría de las personas que desembarcan de manera ilegal quedan posteriormente en libertad en el territorio. Sin redes de apoyo ni oportunidades laborales inmediatas, esta dinámica incrementa exponencialmente el riesgo de inseguridad en las zonas urbanas y rurales de la región.
JUCIL exige al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno que dejen de lado la propaganda y las maniobras de maquillaje mediático, y acometan de inmediato un incremento real del catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil en Murcia, acompañado del envío permanente de medios materiales modernos para evitar que la Región de Murcia quede definitivamente a merced de las redes delictivas, para no comprometer más la seguridad tanto de los ciudadanos como de los agentes.
