Murcia, 8 de septiembre de 2026. JUCIL, la a asociación profesional más combativa de la Guardia Civil, ha mantenido un encuentro de trabajo con los representantes de la formación política VOX en la Región de Murcia. La reunión fue solicitada tras el envío previo de una carta institucional en la que la organización expresaba su máxima preocupación por la agresión sufrida a principios de esa misma semana por agentes del Servicio Marítimo (SEMAR) de la Guardia Civil frente a Cabo Cope, en Águilas, cuando una embarcación vinculada al narcotráfico embistió deliberadamente a una patrullera.
Desde JUCIL vinculan de manera directa este repunte de la presión delictiva e irregular en el litoral murciano con la inestabilidad en las fronteras sur de España y la reciente crisis en Ceuta. Las redes criminales y las mafias de tráfico de personas están desplazando de forma progresiva sus rutas hacia la costa de la Región de Murcia, provocando un incremento notable en la llegada de embarcaciones ilegales y un preocupante repunte de la violencia en el mar. Esta situación pone al descubierto el desamparo operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente a grupos organizados que emplean medios cada vez más sofisticados e hiperviolentos.
Durante la reunión, los representantes de la asociación trasladaron la acuciante falta de personal y de medios materiales que arrastra la plantilla en la comunidad. JUCIL expuso la obsolescencia de los catálogos de personal, congelados sin revisar desde hace años, e indicó que la asignación de agentes a unidades específicas como los equipos @, ROCA, PRC o investigación se realiza sin liberar las vacantes de origen. Este mecanismo resta efectivos de forma constante a los puestos de seguridad ciudadana y reduce drásticamente la presencia de guardias civiles en las calles de la región. Ante este escenario, se planteó la creación formal de puestos específicos para dichas especialidades, así como la constitución de nuevas unidades de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) en la zona de Cartagena y el norte de la Región de Murcia.
En el ámbito operativo e institucional, la asociación denunció la falta de órdenes de actuación claras y de un marco de respaldo jurídico suficiente a la hora de repeler ataques directos de narcolanchas. Se instó a dotar urgentemente a los agentes de patrulleras modernas, armas largas en embarcaciones, chalecos antibalas con flotabilidad positiva y protocolos seguros para la neutralización a distancia de los motores de estas embarcaciones mediante el empleo de medios aéreos, ya sean propios de la Guardia Civil o actuando en coordinación con el Ejército. Asimismo, JUCIL expuso deficiencias estructurales que abarcan desde la carencia de Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados durante la recepción y traslado de inmigrantes recién llegados, hasta los riesgos de fuga derivados del protocolo actual en los traslados de presos a centros sanitarios, donde los custodiados deben guardar turno en salas de urgencias comunes junto al resto de ciudadanos.
La asociación criticó además la falta generalizada de inversión estatal en el instituto armado, acusando la compra de material móvil o vehículos poco idóneos para servicios concretos como los del SEPRONA. Ante estas carencias, la formación parlamentaria trasladó a JUCIL su propuesta de impulsar que la propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia destine fondos propios para financiar material de uso exclusivo en la región, incluyendo nuevas embarcaciones.
El grupo parlamentario también transmitió su respaldo rotundo a las reivindicaciones del colectivo, garantizando que elevará estas demandas a la Asamblea Regional de Murcia y reiterando el compromiso de exigir la equiparación salarial con las policías autonómicas y el reconocimiento de la profesión de riesgo, especialmente en lo relativo a las clases pasivas.
Durante el encuentro, la formación política hizo entrega a la secretaría de JUCIL de las iniciativas parlamentarias registradas, entre las que destaca la moción para reclamar al Gobierno de España la implantación permanente de una unidad del SEMAR y una base del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en el municipio de Águilas mediante el reaprovechamiento de recursos, la moción de comisión solicitando medidas de protección, medios y seguridad jurídica para el SEMAR, y la moción de pleno referida a la defensa de la soberanía nacional en Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía.
