26 de agosto de 2026. JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, denuncia la ausencia de un plan efectivo de mantenimiento, reparación y renovación de los medios del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil en la Región de Murcia, una situación que está reduciendo de forma preocupante la capacidad operativa de los agentes para vigilar el litoral y responder ante la llegada de embarcaciones con inmigrantes en situación irregular.

La asociación ha trasladado esta situación a la Dirección General de la Guardia Civil y reclama una respuesta urgente que vaya más allá de reparaciones puntuales o soluciones improvisadas. Para JUCIL, la situación actual evidencia un problema estructural de falta de planificación en la renovación y mantenimiento de los medios navales.

Actualmente, de los cuatro medios navales adscritos o disponibles para el Servicio Marítimo en Murcia, dos de las embarcaciones principales se encuentran inoperativas. Una tercera patrullera presenta importantes limitaciones mecánicas que reducen su velocidad a entre 22 y 23 nudos, lo que condiciona su capacidad de intercepción. La cuarta embarcación, una semirrígida incautada, está destinada a cometidos específicos y no puede considerarse una alternativa real a una patrullera provincial preparada para las labores de vigilancia e intercepción.

La situación de los medios coincide con una creciente presión operativa en las costas murcianas. Según los últimos datos oficiales disponibles correspondientes a 2024, recogidos en la Memoria de la Fiscalía de la Región de Murcia, se contabilizaron 226 pateras y 2.671 personas, entre ellas 302 menores. 

Unas cifras que podrían volver a incrementarse este año. Según los datos recabados por JUCIL sólo en agosto se habrían registrado ya más de 500 llegadas de inmigrantes en la zona de Cabo de Palos-Cartagena, a lo que habría que sumar una cifra igual o superior si se tiene en cuenta todo el litoral.

Los datos disponibles confirman que la inmigración irregular por vía marítima es una realidad consolidada en la Región de Murcia y que las necesidades de vigilancia del litoral no pueden afrontarse con medios que acumulan averías, presentan limitaciones o han alcanzado el final de su vida útil. A nivel nacional, los balances del Ministerio del Interior muestran que la llegada irregular por vía marítima sigue siendo uno de los principales retos de seguridad en las fronteras españolas. Hasta el 15 de agosto, se registraron 5.152 personas, frente a las 3.928 del ejercicio anterior, con 295 embarcaciones (306 en 2025).  

En este sentido, JUCIL advierte de la evolución de los métodos utilizados por las redes dedicadas al tráfico de personas. Las denominadas pateras-taxi, embarcaciones rígidas o semirrígidas dotadas de motores de gran potencia, exigen que los agentes dispongan de medios capaces de responder a esta nueva realidad operativa.

“No se puede exigir a los guardias civiles que hagan frente a las necesidades del litoral del siglo XXI con embarcaciones que llevan años acumulando averías y que, en algunos casos, ni siquiera pueden prestar servicio”, señala JUCIL. 

Entre las medidas solicitadas por la asociación se encuentran la comprobación urgente del estado de todas las embarcaciones, la reparación de aquellas que sean técnicamente recuperables y la sustitución de las unidades que hayan llegado al final de su vida útil o cuya reparación no resulte viable.

Asimismo, JUCIL pide que, mientras se recupera o renueva la flota, se refuercen temporalmente los medios disponibles para evitar que la falta de embarcaciones plenamente operativas reduzca la capacidad de vigilancia preventiva del litoral.

La asociación también reclama un estudio actualizado de las necesidades de personal especializado del Servicio Marítimo en Murcia. “Una embarcación nueva no sirve de nada si no hay suficientes profesionales especializados para garantizar su presencia en el mar, cubrir los turnos y responder simultáneamente a las diferentes incidencias que puedan producirse en un litoral tan extenso”.

“La situación de Murcia debe servir para poner fin a una política de mínimos en materia de medios marítimos. La seguridad de los agentes, la vigilancia de las fronteras y la lucha contra las redes criminales requieren embarcaciones modernas, plenamente operativas y adaptadas a la realidad actual”, concluye.