• La asociación profesional pide medidas cautelares urgentes para impedir que el fichero, de casi 500 páginas, continúe circulando y reclama la preservación de las pruebas digitales necesarias para identificar a los responsables. • Considera que la Justicia debe determinar el origen de la información, quién elaboró el documento, quién lo difundió y cuál era la finalidad de esta recopilación masiva de datos. • Advierte del riesgo que la difusión de esta información puede representar para los agentes afectados y sus familias.
24 de agosto de 2026. JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, ha solicitado a la Audiencia Nacional que abra una investigación sobre la aparición y difusión de un fichero de casi 500 páginas que contiene datos personales de numerosos compañeros de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
JUCIL califica la fuga, robo o filtración de datos como muy grave, por lo que considera que se debe abrir una investigación judicial que permita determinar quién obtuvo los datos, de dónde proceden, quién participó en la elaboración del documento, quién lo difundió y cuál era la finalidad perseguida con esta recopilación masiva de información, con el objetivo de depurar las posibles responsabilidades penales.
También ha solicitado medidas cautelares urgentes dirigidas a impedir que el documento continúe circulando, mediante su retirada o bloqueo allí donde resulte posible y, al mismo tiempo, la preservación de toda la prueba digital necesaria para poder identificar a sus responsables.
El fichero contiene información que, considerada de forma conjunta, puede permitir identificar, localizar o contactar con compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas.
Precisamente por ello, la asociación ha pedido que se valore específicamente el riesgo que esta difusión puede representar para los agentes afectados y para sus familias. La propia denuncia pone de manifiesto que un archivo de estas características puede facilitar labores de localización, vigilancia, ingeniería social, intimidación o selección de objetivos.
JUCIL entiende que la defensa de los compañeros guardias civiles no puede quedarse únicamente en declaraciones públicas. “Cuando existe un posible riesgo, hay que utilizar todos los instrumentos legales disponibles y exigir una respuesta de las instituciones”, señala el secretario general de JUCIL, Ángel Lezcano. “Por eso, hemos pedido también -añade- que intervengan las unidades policiales especializadas, que se investiguen los canales y perfiles utilizados para la difusión, que se preserve la información disponible en Telegram y que se determine la identidad de todas aquellas personas que pudieran haber intervenido en la obtención, elaboración o distribución del fichero”.
Investigar el origen de los datos
Todas estas diligencias se encuentran expresamente solicitadas en la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional. De hecho, JUCIL insta a que se investigue específicamente la procedencia de determinados datos incorporados al archivo y que se determine si existió algún acceso ilícito a sistemas, dispositivos, cuentas o bases de datos.
Para JUCIL es fundamental que la investigación permita conocer toda la cadena de actuaciones que ha hecho posible la elaboración y difusión de este fichero, desde la obtención de los datos hasta su publicación y distribución a través de distintos canales.
“La seguridad y la intimidad de nuestros compañeros guardias civiles y de sus familias no pueden convertirse en moneda de cambio ni quedar expuestas impunemente en internet”, afirma Ángel Lezcano.
JUCIL insiste en que llegará hasta donde sea necesario para defender a los compañeros y exigir responsabilidades a quienes hayan podido participar en estos hechos. “Nuestra obligación como asociación profesional es poner los hechos en conocimiento de la Justicia, aportar la información disponible y exigir que se investiguen hasta sus últimas consecuencias”.
