27 de agosto de 2026. JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil ha solicitado formalmente a la directora general de la Guardia Civil una evaluación preventiva urgente de las instalaciones utilizadas para alojar a los efectivos del Grupo de Acción Rápida (GAR) desplazados a la provincia de Huelva para reforzar la lucha contra el narcotráfico.

La asociación reclama que se garantice a los agentes un alojamiento digno, seguro y adecuado para el descanso después de conocerse que el personal desplazado estaría siendo alojado en módulos prefabricados situados en la base militar de El Picacho, en las proximidades de Mazagón, que presentarían deficiencias en materia de conservación, limpieza, espacio y habitabilidad. Según la información de la que dispone JUCIL, algunos de los propios agentes habrían tenido que realizar labores de limpieza y desinfección antes de poder utilizar determinadas dependencias. 

Para JUCIL, esta situación debe analizarse desde una perspectiva de prevención de riesgos laborales. Los efectivos del GAR participan en un dispositivo operativo de especial exigencia y peligrosidad, en el que un descanso adecuado resulta fundamental para garantizar tanto su seguridad como la eficacia del servicio.

En el escrito presentado ante la Dirección General, JUCIL solicita que la Oficina de Prevención de la Comandancia de Huelva, con la participación o supervisión de la Sección de Prevención de la Zona de Andalucía, realice una inspección urgente de los módulos.

La asociación pide que se evalúen, entre otras cuestiones, las condiciones de limpieza y desinfección, ventilación, climatización, humedad, agua potable, instalaciones eléctricas, protección contra incendios, servicios higiénicos, colchones, ropa de cama, mobiliario y las condiciones reales de descanso y ocupación. También solicita que se compruebe si el dispositivo cuenta con una evaluación específica de los riesgos derivados del alojamiento, la fatiga y la recuperación del personal. 

JUCIL considera que, mientras no se acredite técnicamente que las instalaciones reúnen las condiciones necesarias de seguridad, higiene y habitabilidad, no deberían utilizarse como alojamiento de los agentes. En ese caso, la asociación reclama que el personal sea trasladado a establecimientos que garanticen unas condiciones adecuadas.

La solicitud de JUCIL incluye además la aplicación del régimen de indemnizaciones por razón del servicio cuando sea necesario recurrir a alojamientos privados. La asociación reclama, preferentemente, que sea la propia Administración la que contrate directamente estos establecimientos, evitando que los guardias civiles tengan que adelantar dinero o buscar personalmente dónde alojarse como consecuencia de una planificación insuficiente. 

En el caso de que las cuantías ordinarias resulten insuficientes para encontrar un alojamiento adecuado en la zona durante el desarrollo del dispositivo, solicita que se promueva la autorización excepcional prevista en la normativa para cubrir los gastos reales y justificados que sean necesarios.

“Un dispositivo extraordinario debe planificarse de principio a fin. No se puede enviar a unos agentes a reforzar una zona y dejar en sus manos la preocupación por dónde van a descansar o si las condiciones en las que se alojan son adecuadas. La Administración tiene la obligación de garantizarlo”, subraya.

Un protocolo para futuros dispositivos extraordinarios

Más allá de la situación concreta de los agentes desplazados a Huelva, JUCIL considera necesario establecer un protocolo para los futuros dispositivos operativos extraordinarios que garantice que cualquier alojamiento ofrecido al personal haya sido revisado previamente y cumpla unas condiciones mínimas de higiene, seguridad, intimidad y descanso.