JUCIL y JUPOL apoyan a Ceuta y exigen al Gobierno medios, refuerzos y protección para los efectivos

1 de septiembre de 20264 min de lecturaComunicación
Las asociaciones profesionales respaldan las concentraciones cívicas y pacíficas del 2 de septiembre y rechazan cualquier instrumentalización partidista, violencia, odio o racismo.

Madrid, 1 de septiembre de 2026. JUCIL, la asociación profesional de la Guardia Civil, y JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, expresan su absoluta solidaridad con la ciudadanía de Ceuta, así como con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y demás servidores públicos que afrontan una situación de extraordinaria presión operativa y personal desde la entrada masiva irregular de más de 80.000 inmigrantes ilegales el pasado 31 de julio. La magnitud de la crisis exige una respuesta de Estado seria, coordinada y sostenida, que no puede seguir descansando sobre el sacrificio permanente de los agentes.

 

Tanto JUCIL como JUPOL se unen, respetan y apoyan el carácter cívico, pacífico y apartidista de las concentraciones ciudadanas convocadas para el 2 de septiembre, coincidiendo con la festividad del Día de Ceuta. Ambas asociaciones estarán junto a los ciudadanos y los compañeros que reclaman seguridad, estabilidad y soluciones eficaces dentro del marco constitucional del Estado de derecho. 

 

Este apoyo responde al compromiso asumido de defender España, la seguridad ciudadana y la legalidad. Dada la naturaleza apolítica de ambas organizaciones, no supone en ningún caso la adhesión a formaciones políticas ni a planteamientos contrarios a la dignidad humana. JUCIL y JUPOL rechazan cualquier consigna violenta, racista o discriminatoria, así como cualquier intento de utilizar la situación de Ceuta o el esfuerzo de los guardias civiles y policías nacionales con fines partidistas.

 

Ambas entidades reclaman al Ministerio del Interior, a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Dirección General de la Policía el refuerzo inmediato y estable de las plantillas en la ciudad autónoma; la puesta en marcha real de un plan operativo permanente ante escenarios de presión extraordinaria; la dotación de vehículos, equipos de protección y medios técnicos suficientes; y la definición de protocolos claros que garanticen la seguridad jurídica en las intervenciones.

 

Asimismo, exigen el respeto efectivo de descansos, permisos y vacaciones; la restitución de los periodos que hayan sido suspendidos; una compensación económica justa y transparente por la sobrecarga y el riesgo asumidos; la evaluación urgente de riesgos laborales y psicosociales; así como la prestación de asistencia jurídica y psicológica inmediata para los agentes afectados.

 

Tras un mes de trabajo en condiciones precarias y sin respuestas operativas definitivas, JUCIL y JUPOL consideran que ha pasado el tiempo suficiente para definir un plan y han solicitado una reunión urgente con el ministro del Interior y con los responsables de las direcciones generales para trasladar estas demandas y comprobar si existe una solución real para devolver la normalidad tanto a los ceutíes como a la frontera española. 

 

Desde JUCIL afirman que “la defensa de Ceuta, de nuestras fronteras y de quienes las protegen no pertenece a ningún partido: es una responsabilidad del Estado”. Por esta razón, JUCIL mantendrá una posición firme, profesional e independiente y no permitirá que sus siglas ni la imagen de los guardias civiles sean utilizadas por terceros. “Ceuta necesita soluciones, no propaganda. Los guardias civiles necesitan medios, protección, descanso y respaldo institucional”, concluye con rotundidad Ángel Lezcano, secretario general de la asociación de la Benemérita.

 

Por su parte, JUPOL insta a la población a participar masivamente el 2 de septiembre en las concentraciones y manifestaciones en apoyo a los ceutíes. «Exigimos al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Policía órdenes claras y una solución urgente ante la situación generada tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Marlaska aseguró en Ceuta que estas personas no serían regularizadas ni trasladadas a la península; reclamamos que se cumpla ese compromiso y se proceda a su expulsión con la máxima celeridad. La Policía Nacional necesita medios, efectivos y un alojamiento digno, como el barco hotel, para poder garantizar la seguridad y recuperar la normalidad», concluyen desde el sindicato.

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