Madrid, 21 de septiembre de 2026. JUCIL llevará a la Comisión Preparatoria del Consejo de la Guardia Civil del 23 de septiembre tres asuntos sobre los que reclama respuestas de la Dirección General: la adquisición de 7.500 pistolas semiautomáticas de calibre 9 × 19 mm, la ejecución del contrato para el suministro de un mínimo de 800 dispositivos eléctricos incapacitantes y la implantación de 5.000 licencias de un software de borrado seguro y certificable de datos en los equipos informáticos corporativos.
En relación con las 7.500 nuevas pistolas, JUCIL solicitará información sobre cómo se ha desarrollado el proceso de evaluación y qué pruebas técnicas y operativas se han realizado antes de seleccionar el arma. La asociación quiere conocer la composición y cualificación del panel evaluador, los protocolos, criterios y resultados de las pruebas, la compatibilidad de las pistolas y sus accesorios con la dotación existente y el programa previsto para formar a los agentes. También pedirá información sobre mantenimiento, suministro de repuestos, comunicación de posibles incidencias y calendario y criterios de distribución.
JUCIL planteará, también, la situación de los 800 táser, cuyo contrato fue formalizado el 15 de octubre de 2025 con un plazo de ejecución de 38 meses. La asociación considera necesario distinguir entre los dispositivos que han sido entregados, los recepcionados por la Guardia Civil, los distribuidos entre las unidades y aquellos que están efectivamente en condiciones de utilizarse. Su puesta en servicio requiere, entre otras cuestiones, formación y habilitación de los agentes, cámaras corporales, un protocolo de utilización, consumibles, mantenimiento y evaluación preventiva.
Por ello, JUCIL pedirá a la Dirección General que detalle cuántos dispositivos están actualmente operativos y dónde se están distribuyendo, además del estado de las cámaras corporales, la formación de los agentes, el protocolo de empleo, las licencias y consumibles disponibles y el calendario pendiente. También solicitará que las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Riesgos Laborales sean tenidas en cuenta antes de continuar con su implantación.
El tercer asunto será la implantación del software de borrado seguro, cuyo contrato contempla 5.000 licencias y fue formalizado el pasado 17 de agosto por 64.575,28 euros, impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de dos meses. JUCIL advierte de que la documentación de adjudicación no concreta todavía cuestiones como el calendario de despliegue, las unidades y equipos afectados, quiénes estarán autorizados para borrar información, la existencia de sistemas de doble autorización, los certificados que dejará cada borrado o las auditorías y análisis de riesgos previstos.
La asociación pedirá que, antes de extender el programa, se determine qué información puede eliminarse y cuál debe conservarse, especialmente cuando se trate de documentos relacionados con procedimientos judiciales, investigaciones penales, expedientes disciplinarios o administrativos, recursos, evidencias digitales o cadenas de custodia. JUCIL propone además establecer una normativa interna, un sistema de doble autorización y retención legal y registros de borrado que sean inalterables y auditables. Hasta que estas garantías estén aprobadas, reclama que no se produzcan borrados generalizados o automatizados que puedan afectar a documentación que deba conservarse.
