Madrid, 14 de septiembre de 2026. JUCIL ha solicitado formalmente a la Dirección General de la Guardia Civil información sobre la posible instalación de una unidad o base marítima permanente de los Mossos d’Esquadra en el Puerto de Tarragona, donde actualmente existe una base operativa del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. La asociación quiere conocer si el proyecto existe, qué norma lo ampararía y si la Guardia Civil ha sido consultada o ha participado en reuniones, informes o actuaciones relacionadas con su puesta en marcha.
La petición parte de las informaciones conocidas por JUCIL sobre la posible puesta a disposición de los Mossos de espacios o dependencias dentro del recinto portuario. La asociación también pide comprobar documentalmente si en 2024 se abordó una propuesta relacionada con la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de los Mossos d’Esquadra y, en ese caso, conocer cuál fue la posición de la Guardia Civil.
JUCIL recuerda que la Ley Orgánica 2/1986 atribuye a la Guardia Civil funciones en el mar territorial y, específicamente, la custodia de costas, fronteras, puertos y aeropuertos. Por este motivo, la asociación considera imprescindible determinar con precisión qué competencias tendría la eventual unidad de los Mossos y evitar cualquier solapamiento que pueda generar problemas de coordinación u operatividad.
La asociación muestra además su preocupación ante la posibilidad de que esta iniciativa pueda suponer un nuevo traspaso de competencias. JUCIL señala que ya ha cuestionado anteriormente transferencias a cuerpos autonómicos en ámbitos que, a su juicio, no pueden asumir o no pueden ejercer con carácter exclusivo, y advierte de que la falta de información sobre el proyecto de Tarragona obliga a esclarecer su alcance antes de que se produzca cualquier modificación.
Entre las cuestiones planteadas a la Dirección General, JUCIL reclama conocer expresamente si la unidad proyectada tendría alguna incidencia sobre la custodia del puerto, la seguridad marítima, la Policía Judicial, el resguardo fiscal, la persecución del contrabando o las competencias medioambientales de la Guardia Civil. También solicita información sobre los protocolos previstos para delimitar funciones, establecer el mando y coordinar las comunicaciones e incidencias entre ambos cuerpos.
JUCIL pide asimismo garantías sobre el futuro del Servicio Marítimo y del resto de unidades de la Guardia Civil presentes en el Puerto de Tarragona. La asociación quiere saber si la eventual implantación de los Mossos podría traducirse en reducciones o traslados de efectivos, amortización de puestos, pérdida de embarcaciones o vehículos, cesión de dependencias, disminución presupuestaria o reducción de la capacidad operativa y de las funciones actualmente desempeñadas por la Guardia Civil.
Por último, si el proyecto contempla que los Mossos desarrollen funciones de investigación criminal o Policía Judicial en el ámbito marítimo, JUCIL solicita que se determine previamente el mecanismo de coordinación competente y que se valore formalmente trasladar la cuestión a los órganos nacionales de coordinación de Policía Judicial. La asociación reclama así transparencia y seguridad jurídica antes de adoptar cualquier decisión que pueda alterar el reparto de competencias o la presencia de la Guardia Civil en el Puerto de Tarragona.
