Pamplona, 11 de septiembre de 2026. JUCIL reafirma su oposición frontal al traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil en Navarra. La asociación rechaza igualmente cualquier otra transferencia que reduzca las funciones, las unidades, los destinos o la presencia territorial del Cuerpo en cualquier punto de España. La Guardia Civil no puede ser utilizada como moneda de cambio política ni desmantelada competencia a competencia.

Esta posición ha sido clara desde el inicio. Tras la publicación del acuerdo que fija las condiciones para la integración de los agentes de la Agrupación de Tráfico en la Policía Foral —un marco laboral que JUCIL denunció ayer por sus graves incongruencias en materia retributiva y de jubilación—, la organización insiste en frenar la estrategia de disolución progresiva del Cuerpo. Ya el pasado 1 de agosto, JUCIL solicitó formalmente sendas audiencias con la delegada del Gobierno en la Comunidad Foral, Alicia Echeverría Jaime, y con la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inmaculada Jurío Macaya, para conocer el calendario real del proceso, abrir una interlocución efectiva y proteger los derechos de los guardias civiles antes de que las decisiones estuvieran consumadas

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Las solicitudes no fueron una petición genérica. JUCIL reclamó información sobre el número de efectivos afectados, la continuidad o supresión de unidades, los destinos y vacantes, la movilidad geográfica, las comisiones de servicio, el reconocimiento de la especialidad y la experiencia, la formación, la vivienda, la escolarización de los hijos, la conciliación, las indemnizaciones, la productividad, las retribuciones y la previsión social. Ante las condiciones fijadas en el acuerdo recién conocido, vemos que son exactamente las cuestiones que hoy condicionan el futuro profesional y familiar de los compañeros por no haberse resuelto favorablemente a la Benemérita.

JUCIL considera inaceptable que el debate se limite ahora a las condiciones de una pasarela de integración en la Policía Foral que penaliza retributivamente a los guardias civiles. Como se denunció en la nota de prensa de ayer, el acuerdo contempla que si un agente percibe una retribución superior a la del puesto equivalente, se le asignará un complemento absorbible que congelará sus subidas salariales durante años; sin embargo, al jubilarse, los agentes de Clases Pasivas no contarán con complementos que equiparen su pensión a la del Régimen General. El problema principal es la propia retirada de una competencia que la Guardia Civil ha ejercido con profesionalidad y eficacia. No basta con ofrecer salidas individuales a los afectados: el Gobierno debe explicar por qué prescinde del Cuerpo, qué ocurrirá con sus unidades y cómo piensa evitar que este precedente se reproduzca en otros territorios y en otras especialidades. 

“JUCIL está en contra del traspaso de Tráfico en Navarra y de cualquier cesión que vacíe de competencias a la Guardia Civil. No aceptamos que se decida el futuro del Cuerpo en negociaciones políticas mientras se ignora a quienes llevan décadas garantizando la seguridad de los ciudadanos. Tal y como denunciamos ayer a raíz de las condiciones fijadas para el traspaso, este proceso evidencia una estrategia de disolución progresiva de nuestras funciones que no vamos a tolerar”. 

La solución no es compleja. JUCIL exige a los responsables políticos que cumplan de una vez la palabra dada: culminen una equiparación salarial real con las policías autonómicas; reconozcan a los guardias civiles como profesión de riesgo, con efectos plenos en su protección social y jubilación; refuercen las plantillas; renueven los vehículos, equipos e instalaciones; y permitan que la Guardia Civil continúe ejerciendo sus competencias y sirviendo a la ciudadanía allí donde lleva generaciones haciéndolo.

No sobran guardias civiles ni competencias. Faltan efectivos, inversión, reconocimiento y voluntad política para fortalecer una institución esencial. Quien pretenda presentar el vaciamiento del Cuerpo como una modernización del modelo policial está ocultando el coste real: menos destinos, menor capacidad operativa, pérdida de experiencia y abandono de una presencia territorial profundamente vinculada a la España rural.

JUCIL exige, además, que la Delegación del Gobierno y la Consejería de Interior atiendan de inmediato las audiencias solicitadas; que entreguen el documento regulador completo, su memoria económica y el calendario de implantación; y que ningún plazo de opción empiece a correr hasta que cada afectado disponga de información y asesoramiento suficientes. La asociación reclama garantías vinculantes sobre sueldo, jubilación, reserva, vivienda, antigüedad, especialidad, destinos, conciliación y derecho de retorno.

“Que los políticos cumplan su palabra: equiparación salarial real, profesión de riesgo, más medios materiales y humanos y respeto íntegro a las competencias de la Guardia Civil. Los compañeros quieren seguir sirviendo a los ciudadanos donde siempre lo han hecho, no convertirse en la moneda de cambio de ningún acuerdo político”.